Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto materiales como formales, son muy importantes. La imposición de una sanción requiere la tramitación del correspondiente procedimiento, en el cual es la Administración quien debe constatar la existencia de la infracción y fijar la sanción correspondiente.

A la vista de los hechos, proponemos la calificación de las infracciones, así como la clasificación y graduación de las sanciones a imponer.

 

Fase de inicio

Mediante la notificación del acuerdo del órgano competente, iniciamos el procedimiento sancionador. La Administración dispone de 3 meses desde la notificación de la liquidación resultante del procedimiento de inspección (art. 209.2 LGT).

Fase de instrucción

  • Procedimiento general: el instructor realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para el examen de los hechos, recabando datos e informaciones relevantes para determinar si existen responsabilidades susceptibles de sanción. Recogerá de forma motivada los hechos, su calificación jurídica, la infracción que pudiera constituir o la declaración de su inexistencia, la sanción propuesta y los criterios de graduación aplicados, motivándose la procedencia de los mismos.
  • Procedimento abreviado: cuando el órgano competente dispone de los elementos suficientes que le permiten formular la propuesta de sanción y notificarla junto con la comunicación de inicio.

Fase de finalización

  • Sin resolución expresa: por caducidad, tras 6 meses desde la notificación del inicio de actuaciones.
  • Con resolución expresa: se notifica al infractor dicha resolución especificando los hechos, la valoración de las pruebas, la identificación del infractor, la sanción y los criterios de graduación, la reducción que proceda o, en su caso, la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.