Gestión de tributos locales
El Tribunal Supremo determina que no existe prelación alguna a la hora de aplicar uno u otro de los métodos de determinación de la base imponible para la liquidación provisional del ICIO recogidos en el art. 103.1 del TRLRHL.
Acceso a la sentencia;
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/80cea0d316a1148f/20210310
Nos complace comunicar que hemos obtenido la certificación de calidad en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, APOYO Y ASESORAMIENTO EN MATERIA TRIBUTARIA Y JURÍDICA A CORPORACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES.
El TS casará una interesante cuestión, Determinar si el hecho de que los planes de inspección sean aprobados con carácter anual implica necesariamente que las actuaciones inspectoras deban ser iniciadas antes de que concluya el año a que tales planes se refieren.
Acceso al Auto:
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/603c9d7a3be6e679/20201013
Nuestro Alto Tribunal fija el dies a quo para computar el plazo de prescripción cuando finaliza la ejecución material de la misma, por más que el ayuntamiento lo sepa después.
Acceso a la Sentencia:
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1b5dfdc144d52c3c/20200707
El Tribunal Supremo niega la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno derecho las liquidaciones firmes y consentidas del impuesto municipal sobre plusvalías (IIVTNU).
Acceso a la Sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19676437e91cf620c655391f1538a18da59
En la Consulta Vinculante de referencia, la Dirección General de Tributos recuerda cómo opera la exención en el IAE por inicio de actividad en territorio español, así como las declaraciones que se deben presentar ante la AEAT.
Acceso a la Consulta; https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0176-20
En el siguiente link adjuntamos cuadro resumen de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 elaborado por la FEMP.
El día 5 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
La Disposición final primera de la mencionada norma incluye la modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y viene motivada, según indica el mismo Real Decreto Ley, por resultar urgente y necesaria por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la LCSP.
Se suprime la necesidad de justificar en el expediente que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de contrato menor.
